De acuerdo con el informe del INDEC publicado este martes, el Índice de Salarios del sector registrado aumentó un 2,5% nominal en julio. Con una inflación del 2,1% para el mismo período, esto se traduce en una variación real positiva del 0,4%.
Este aumento marca el segundo incremento consecutivo. Sin embargo, el nivel de salarios alcanzado en julio es un 3,3% inferior al registrado en agosto de 2025, durante la administración de Milei, y presenta un retroceso acumulado del 7,8% en el actual gobierno.
En el sector privado, el aumento mensual fue de solo un 0,2%. Comparado con el máximo de enero de 2025, los trabajadores de este segmento enfrentan una pérdida de poder adquisitivo del 3,9%. En comparación con noviembre de 2023, el deterioro es del 3,3%.
Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia cuestionaron la relevancia del aumento salarial en el sector privado al considerar que estos salarios están un 6,6% por debajo del promedio de 2020-2023 y un 21,3% por debajo del promedio de 2012-2015.
Los empleados estatales, por su parte, han experimentado la mayor recuperación en sus ingresos en los últimos dos meses, con un avance del 0,9% en julio tras un aumento del 1,5% en junio. A pesar de esto, han sufrido una reducción del 15,7% en su poder adquisitivo desde la llegada de Milei.
Indicadores salariales negativos
Los datos de julio del INDEC difieren de las proyecciones de la Secretaría de Trabajo. Según los datos provisionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los trabajadores asalariados registrados en el sector privado mostró una pérdida real del 1,1% en comparación con junio.
El informe anterior atribuyó esta contracción principalmente a los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, ya que los aumentos negociados en paritarias no reflejaron este retroceso frente a la inflación. Esta situación contrasta con la tendencia de los últimos dos años.
Según el SIPA, los salarios en junio estaban un 4,2% por debajo del pico de la era Milei (febrero de 2025) y un 0,8% por debajo de noviembre de 2023. Las caídas más significativas se observaron en los sectores de Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,3%); Comercio (-3%); y Salud (-2,7%). En la industria, el poder adquisitivo se mantuvo estable, aunque este sector ajustó más por cantidad de empleos que por precio, siendo el que más puestos de trabajo ha perdido (-88,500).
Las cifras oficiales revelan que el 50% de los trabajadores del sector privado perciben un sueldo de bolsillo inferior a $1,385,000. Esto es preocupante considerando que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, alcanzó aproximadamente $1,531,473 en junio (ya superando los $1,600,000 en agosto) para una familia compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar.
Estancamiento salarial en medio de un aumento del desempleo y la informalidad
La situación salarial se desarrolla en un contexto de un mercado laboral muy afectado. Recientemente, el INDEC reportó un aumento en la tasa de desempleo al 7,9% en el segundo trimestre, atribuido en parte al crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y a un aumento en el número de desocupados.
El crecimiento de la PEA se traduce tanto en mayor desempleo como en un incremento del número de ocupados. De hecho, la tasa de empleo ha crecido, pero exclusivamente por el incremento del cuentapropismo informal, mientras que otras categorías han experimentado retrocesos.
Según el informe de la consultora C-P, muchas personas han buscado integrarse al mercado laboral, pero solo un segmento ha logrado ser absorbido. El cuentapropismo informal se presenta como un refugio ante la pérdida de empleo y el aumento en la búsqueda de trabajo.
Como resultado de esta precarización laboral, la informalidad ha escalado al 45,1%, el nivel más alto desde que el INDEC mantiene registros. Se estima que durante la crisis de la convertibilidad la informalidad estuvo cerca del 50%. Desde el oficialismo se destaca la contribución del empleo informal, sin considerarlo como un deterioro de las condiciones de vida.
Un análisis de C-P, basado en datos del INDEC, indica que los trabajadores que pasaron de ser asalariados formales a cuentapropistas entre 2024 y 2025 sufrieron una erosión significativa de su poder adquisitivo. Para aquellos que estaban en el sector privado, el ingreso real promedio cayó un 27,8%, mientras que en el sector estatal la reducción fue del 10,2%.
