Los jueces Hornos y Borinsky confirmaron la decisión durante una visita a la Quinta de Olivos, en el periodo en que Mauricio Macri ocupaba la presidencia. La Cámara Federal de Casación Penal archivó el recurso del Ministerio Público Fiscal que intentaba revertir el cierre de la causa contra el exmandatario y exfuncionarios de su gobierno. La investigación se centraba en determinar si un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) había facilitado la fuga de capitales y otorgado beneficios indebidos.
La Cámara dejó firme el archivo de la denuncia relacionada con el acuerdo de 57.100 millones de dólares firmado con el FMI, tras el desistimiento del fiscal general Raúl Omar Pleé de continuar con el recurso. La causa investigaba si el endeudamiento durante la gestión de Cambiemos se utilizó para financiar la fuga de capitales y si hubo ventajas económicas indebidas para funcionarios o terceros.
La Sala IV de Casación consideró desistida la queja fiscal y rechazó la impugnación de un ciudadano que intentaba mantener el caso vivo. Esta decisión se tomó después de que Pleé afirmara que, tras cinco años de investigación, no se había logrado establecer una hipótesis delictiva sólida.
El expediente tenía como objetivo establecer si el acuerdo firmado durante la gestión de Cambiemos contribuyó al aumento del endeudamiento externo para asegurar la disponibilidad de divisas, que posteriormente se habrían utilizado en la fuga de capitales, lo que podría haberse traducido en perjuicio para las arcas públicas. También se buscaba determinar si los funcionarios involucrados recibieron beneficios económicos indebidos.
La resolución fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El tribunal rechazó, además, la presentación de Antonio Conrado De Martino, quien había intentado adherir al recurso del Ministerio Público.
La causa se abrió para investigar posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
Se estaban analizando las acciones de varios exfuncionarios clave, además de Macri, como Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Guido Sandleris y Nicolás Dujovne. El propósito de la investigación era determinar si el préstamo del FMI había sido usado para mantener un proceso de formación de activos externos que, en ausencia de ese ingreso de divisas, no habría podido sostenerse.
El fallo resaltó la posibilidad de que se hubiera iniciado un ciclo de endeudamiento no con los fines anunciados en los documentos del FMI, sino principalmente para obtener divisas para su posterior fuga. La denuncia perseguía también establecer si esta operación había causado un perjuicio al Estado y si los funcionarios involucrados habían obtenido ventajas económicas indebidas.
El dictamen del fiscal Pleé fue clave, ya que el 14 de octubre desistió de la queja presentada ante la Cámara Federal. Según afirmó, las acusaciones no se respaldaban adecuadamente en las pruebas reunidas y no se propusieron medidas concretas para respaldar la continuidad de la investigación.
Pleé destacó que las hipótesis del fiscal de instrucción carecían de correlación lógica con las evidencias de la causa después de una extensa investigación. También cuestionó la falta de claridad sobre el camino para reconstruir el manejo de los fondos, enfatizando que el debate no debía centrarse en el resultado que buscaban los fiscales, sino en los medios necesarios para conseguirlo.
Pleé observó que el fiscal de primera instancia había criticado la falta de trazabilidad del dinero de manera general, sin delinear cómo superar ese obstáculo. Tras cinco años y la recopilación de información, concluyó que no se había infringido ningún tipo de norma penal y que, por lo tanto, no correspondía seguir adelante con las actuaciones.
Por último, el dictamen estableció diferencias con otros casos, señalando que no había una hipótesis criminal suficientemente clara ni diligencias probatorias adecuadas para respaldarlas. Se concluyó que el desacuerdo recaía en un modelo económico específico.
