Los datos oficiales recopilados a finales de octubre de 2026 indican que el bono extra ha perdido el 70% de su capacidad adquisitiva original. Este descenso se ha producido debido al aumento inflacionario acumulado en Argentina desde marzo de 2024, durante el cual los precios al consumidor han registrado un incremento superior al 159%, según el último informe del INDEC.
Para restablecer el mismo nivel de poder adquisitivo que poseía al inicio de la gestión, los $70.000 nominales tendrían que aumentar a $231.253 en la actualidad. Esta diferencia significa que cada jubilado que recibe el haber mínimo está dejando de percibir $161.253 mensualmente por la falta de ajuste en el bono.
La reducción del impacto del bono también se observa en su proporción dentro de los ingresos de los adultos mayores. En marzo de 2024, este concepto extra representaba el 34,2% del total que un jubilado de la mínima percibía. Con el ajuste de la movilidad previsional de noviembre de 2026, que aumentó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 ahora solo constituye el 13,6% del monto total recibido, estableciendo así un ingreso bruto final de $514.158,45.
A pesar de que el haber base se actualiza mensualmente en función de la inflación, con dos meses de rezago, la decisión de mantener el bono en $70.000 evidencia un desajuste en la estructura previsional. Al no alinearse con el aumento de los precios ni con los haberes de base, el apoyo estatal pierde efectividad como herramienta de asistencia social.
Como resultado de este esquema, los ingresos de los jubilados con las pensiones más bajas están funcionando ya sea al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) establecida por el INDEC. Las denuncias judiciales y los reportes del sector señalan que la congelación del bono agrava la situación de millones de jubilados y pensionados en todo el país.
FUENTE: NA
