En una semana, el Poder Judicial de Argentina tomó decisiones significativas en casos que involucran a varios exfuncionarios y actuales dirigentes políticos. Entre los casos más relevantes se encuentra el archivo de la causa que implicaba a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se resolvió el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana en el caso relacionado con la criptomoneda $LIBRA, y se anunció el inicio de un nuevo juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante estos días, se abordaron causas que afectan a tres expresidentes argentinos: Mauricio Macri, Cristina Fernández y Javier Milei. Mientras que dos de ellos fueron sobreseídos, Cristina Fernández se enfrenta a nuevas acusaciones en el tribunal.
Para iniciarse, la Cámara Federal de Casación Penal decidió archivar el caso de Macri y algunos de sus excolaboradores, quienes habían sido denunciados por el impacto negativo que tuvo el endeudamiento con el FMI en 2018. Este lunes, dicha decisión fue unánime, firmada por dos jueces que previamente se habían reunido con el expresidente en la Quinta de Olivos.
El viernes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en relación con la investigación sobre la supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA, argumentando la «inexistencia de delito». Este mismo razonamiento se utilizó para cerrar el caso contra Macri.
Simultáneamente, se anunció un nuevo juicio contra Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, en el caso Hotesur-Los Sauces, donde se investiga la posible asociación ilícita y lavado de dinero. Aunque ambos habían sido sobreseídos en 2021, la Sala I de Casación revocó esta decisión en septiembre de 2023, ordenando la realización del juicio.
Mauricio Macri y el Endeudamiento con el FMI
La decisión de archivar la causa contra Macri fue firmada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes se reunieron con el expresidente en múltiples ocasiones. El expediente no podrá ser reabierto a menos que surjan nuevos hechos o pruebas que lo justifiquen. La Sala IV del tribunal ratificó el archivo anterior, indicando que la negociación de la deuda era una cuestión de política económica y no un delito.
El proceso de cierre de esta causa pasó por varias etapas, comenzando en febrero de este año, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti había archivado el caso por «inexistencia de delito». En septiembre, los camaristas confirmaron esta decisión y rechazaron recursos de apelación presentados por el fiscal general Raúl Omar Pleé, quienes no pudieron fundamentar acusaciones concretas.
La cercanía entre los camaristas y Macri ha despertado opiniones divergentes, dado que Borinsky y Hornos mantuvieron una relación social previa a su nombramiento, mientras que Carbajo fue designado juez de Casación durante la presidencia de Macri.
Milei y el Sobreseimiento Dictado por un Juez Asociado
El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA basado en la «inexistencia de delito». Este fallo generó críticas en el ámbito político, sobre todo considerando la relación del juez con el gobierno. La esposa del juez, Ana María Cristina Juan, fue designada por el presidente Milei a un puesto en la Justicia Federal, lo que genera sospechas sobre posibles intereses cruzados.
La decisión del juez incluyó a varios cómplices del proyecto de criptomoneda, concluyendo que sus acciones no encajaban en ninguna figura delictiva.
Cristina Kirchner al Banquillo de Accusados
Un nuevo juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo comenzó este viernes, enfocado en delitos de lavado de dinero vinculados a la adquisición de propiedades. La acusación sostiene que estas compras facilitaron el blanqueo de dinero proveniente de la obra pública. Anteriormente, ambos fueron sobreseídos en 2021, aunque la reversión de esta decisión por parte de la Sala I de Casación ahora obliga al inicio del juicio.
Esta causa es compleja, con numerosos testimonios y evidencia documental a ser evaluada, lo cual podría extender el proceso legal por un mínimo de dos años, estimándose que una sentencia podría emitirse en 2028.
