El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, adquirió e inscribió a su nombre una propiedad valuada en US$300.000 en Tafí del Valle, uno de los principales destinos turísticos de la provincia. La operación quedó registrada oficialmente a fines de 2024 y la vivienda figura hipotecada a favor del Banco Macro, actual agente financiero del Estado tucumano.
Según la documentación del Registro Inmobiliario, la escritura fue firmada el 13 de diciembre de 2024 y la inscripción se concretó el 22 de enero de 2025. La propiedad posee una superficie de 2.347,38 metros cuadrados y quedó registrada a nombre del mandatario provincial y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.
El inmueble fue adquirido mediante una operación de US$300.000 y aparece asociado a una hipoteca por $266.250.000 otorgada por el Banco Macro. De acuerdo con el artículo, en diciembre de 2024 Jaldo obtuvo un préstamo total de $271.572.000.
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La revelación se produce en medio del debate nacional sobre declaraciones juradas patrimoniales y financiamiento otorgado a funcionarios públicos, especialmente tras la difusión de información vinculada a créditos hipotecarios entregados por entidades estatales a dirigentes políticos aliados del oficialismo nacional.
Consultado semanas atrás sobre el crédito hipotecario, Jaldo sostuvo que mantiene actividad agrícola y ganadera desde hace más de tres décadas y defendió la legalidad de sus operaciones financieras. “Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, afirmó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
El gobernador también aseguró que todos sus créditos corresponden a actividades privadas y desvinculadas de su función pública. Según explicó, el financiamiento resulta habitual para productores y comerciantes en un contexto económico complejo y de caída del consumo.
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La compra de la propiedad también volvió a poner en discusión el sistema de control patrimonial en Tucumán. La última declaración jurada pública presentada por Jaldo ante la Oficina Anticorrupción nacional corresponde a 2016, cuando asumió como diputado nacional.
El artículo señala además que el mandatario debía presentar nuevamente una declaración jurada por haber sido candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025, aunque finalmente renunció a asumir esa banca. Desde el entorno del gobernador argumentaron que se trató de una “candidatura testimonial” y sostuvieron que no fue proclamado formalmente en el cargo.
Voceros de la Gobernación afirmaron que Jaldo sí presentó sus declaraciones patrimoniales conforme a la legislación provincial y ante los organismos fiscales correspondientes, aunque aclararon que en Tucumán esas presentaciones no son de acceso público.
La provincia cuenta con la Ley Nº 3981, que obliga a funcionarios provinciales a presentar declaraciones juradas, aunque no establece mecanismos de publicidad obligatoria ni existe un organismo equivalente a la Oficina Anticorrupción nacional que supervise su cumplimiento.
Según el relevamiento citado en la nota, solo la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires permiten actualmente el acceso público completo a las declaraciones juradas de funcionarios. Otras provincias habilitan consultas parciales.
En la última declaración jurada pública presentada por Jaldo en 2016 figuraban distintos bienes inmuebles en San Miguel de Tucumán y Trancas, varios de ellos adquiridos mediante créditos o préstamos.
Con más de 25 años dentro de la función pública provincial, Jaldo fue intendente de Trancas, vicegobernador de Juan Manzur durante ocho años y posteriormente ganó las elecciones provinciales de 2023. Actualmente mantiene diálogo frecuente con la Casa Rosada y es considerado uno de los gobernadores peronistas con posición más cercana al oficialismo nacional.
Fuente: La Nación
