El fiscal Pollicita afirma que no hay evidencia que respalde acusaciones de enriquecimiento contra Adorni durante su gestión en el Gobierno.

El fiscal Gerardo Pollicita ha afirmado que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación de enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni durante su tiempo en el servicio público. Según el fiscal, no se presentan elementos que justifiquen continuar con la investigación sobre corrupción en relación a Adorni.

Según información proveniente de fuentes judiciales, Pollicita emitió un dictamen ante el juzgado federal de Ariel Lijo, en el que argumentó que no existen bases para contradecir la afirmación de Adorni, quien sostiene que el dinero que posee era de antes de su ingreso a la función pública y estaba oculto del fisco. Con ese razonamiento, Pollicita solicitó que el caso sea transferido al fuero penal económico para determinar si se ha cometido alguna evasión fiscal.

La postura del fiscal se alinea con la explicación proporcionada por Adorni, quien argumenta que el aumento en su patrimonio y el estilo de vida de su familia, observado desde su acceso al poder, se justifica en su versión de los hechos.

Adorni ha indicado que el dinero utilizado durante su gestión bajo el gobierno de Javier Milei para adquirir propiedades —incluyendo un departamento y una casa en un country— proviene de una inversión en Bitcoin, y que dicho monto no fue declarado ante el fisco ni en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Si Lijo acepta la solicitud de Pollicita, esto significaría que Adorni no sería sobreseído, pero su situación patrimonial sería revisada bajo el fuero penal económico, vinculado a posibles actos de evasión fiscal.

La investigación gira en torno a la necesidad de determinar si el notable aumento de su patrimonio —reflejado a través de viajes, adquisiciones inmobiliarias y otros gastos— puede ser justificado por sus ingresos durante su mandato.

Con la causa penal avanzando en su contra, Adorni actualizó una declaración jurada, incorporando más de 565.000 dólares a su patrimonio bajo el concepto de “venta de activos”, cifra que podría equilibrar las inconsistencias detectadas por la investigación.

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