El despacho avanzó esta tarde en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, así como de Población y Desarrollo Humano del Senado.
Un plenario de comisiones del Senado revisó esta tarde el dictamen del proyecto que ya fue aprobado por Diputados, el cual establece una nueva ley de discapacidad, sustituyendo la actual normativa de emergencia que expira a finales de este año.
Entre los aspectos más relevantes del texto se incluye la continuación de la pensión no contributiva, su ajuste por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
La firma del despacho tuvo lugar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (Capital Federal), y Población y Desarrollo Humano, liderada por Alicia Kirchner (Santa Cruz). Esta última enfatizó la necesidad de aprobar la ley antes de la fecha de vencimiento, asegurando que «toda ley es perfectible, pero debemos garantizar la mayor cobertura».
Carlos Linares (Chubut), también miembro del bloque, retiró su proposición para prorrogar la emergencia y comentó sobre la «gran desesperación en el colectivo» que ha estado presente. Señaló que la propuesta actual es la más viable, aunque reconoció que «no es lo ideal».
Patricia Bullrich (Capital Federal), líder del bloque libertario en el Senado, afirmó que la norma «busca ofrecer una respuesta permanente y previsibilidad después de muchos desencuentros» para evitar futuras disputas sobre el tema.
A pesar de la urgencia, Alejandra Vigo (Córdoba), del peronismo disidente, solicitó modificaciones que generaron descontento entre los demás miembros del plenario, dado el consenso alcanzado en Diputados.
El texto consensuado confirma pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y designa el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, garantizando un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
Por requerimiento de los aliados en la Cámara baja, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, permitiendo a quienes posean un CUD conservar la pensión si están empleados de manera registrada y sus ingresos no superan dos salarios mínimos vitales y móviles.
Se aseguró también que las personas con pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad tengan acceso a un sistema de salud que ofrezca las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
Para evitar futuros vetos, se detallaron las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema, incluyéndose compensaciones desde el Tesoro si fueran necesarias. El Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto al año anterior.
Asimismo, se implementaron mecanismos de control más rigurosos, como auditorías periódicas llevadas a cabo por la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el cruce de datos con entidades como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Esto permitirá la suspensión preventiva de beneficios ante incumplimientos objetivos, siempre bajo un «debido proceso inclusivo» que incluye notificación y rehabilitación provisoria.
Finalmente, se estipula que si existen deudas pendientes con prestadores en el momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días y realizar las cancelaciones dentro de los 90 días.
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