Una compleja estructura de posibles prácticas fraudulentas operadas desde el propio aparato estatal provincial fue recientemente expuesta, a raíz de nuevas presentaciones judiciales realizadas por la Dirección General de Catastro de Tucumán. Cinco ex empleados que formaban parte de la disuelta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat enfrentan ahora denuncias penales, acusados de haber exigido pagos a ciudadanos con el pretexto de gestionar escrituras sobre tierras fiscales situadas en las zonas de El Mollar y El Cadillal. Las autoridades sospechan que este accionar podría constituir delitos de usurpación, estafa y hasta asociación ilícita.
Las indagaciones, que están bajo la dirección del fiscal Miguel Varela, comenzaron tras descubrirse un presunto caso de loteo irregular conocido como “Gaucho Castro”, en El Mollar. Allí se habría establecido una especie de inmobiliaria clandestina operada por empleados públicos, quienes ofrecían presuntamente formalizar la ocupación ilegal de terrenos fiscales a cambio de contraprestaciones económicas. Con el avance de la investigación, surgió que estos mecanismos se habrían replicado en otros puntos del territorio tucumano, destacándose El Cadillal, una zona de creciente valor turístico.
En el epicentro de las acusaciones se encuentran Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y Fernando Rogel Chaler (ex jefe del área), sindicados como parte de una maniobra en la que identificaban parcelas fiscales, las dividían y vendían, prometiendo a los adquirentes una posterior regularización de la posesión. A cambio de su supuesta “gestión”, los funcionarios recibían dinero en efectivo o incluso una porción de los lotes comercializados, que en algunos casos llegaba al 20% del total. Como consecuencia de estas operaciones, más de treinta personas fueron desalojadas por orden judicial y las tierras fueron reintegradas al patrimonio provincial.
En el caso específico de El Cadillal, el esquema adoptó un matiz diferente. Además de Trujillo y Barreiro, se sumaron otros empleados estatales como Gustavo Lagarrigue, Pablo Zossi y Norma Silva. Estos individuos están acusados de haber entregado constancias sin ninguna validez legal y de haber exigido pagos que oscilaban entre los $180.000 y los $240.000 a cambio de iniciar trámites de escrituración. No obstante, estos terrenos no podían ser regularizados según lo estipulado por la normativa vigente, lo cual indica una clara intención de engaño.
La Dirección de Catastro aportó múltiples pruebas, incluyendo testimonios de personas afectadas y documentación presuntamente falsa. Según se explicó, los acusados habrían montado expedientes simulados y utilizado tecnicismos administrativos para aparentar legalidad, beneficiándose del desconocimiento de los compradores y de las lagunas legales del sistema. En varias ocasiones, prometían avances en procesos como mensuras y elaboración de planos, que finalmente no se concretaban.
Entre los elementos más contundentes figura un video ampliamente difundido en redes sociales, donde se ve a Trujillo ofreciendo falsas constancias a vecinos del barrio Villa del Lago, ubicado en El Cadillal. Además, se obtuvieron registros visuales de ciudadanos haciendo fila con dinero en mano en una oficina pública, mientras uno de los empleados contaba billetes. Lo más grave es que todos estos trámites, en teoría, debían ser gratuitos según las normativas oficiales.
De acuerdo con las denuncias, los implicados habrían creado un sistema paralelo e informal de “escrituración”, valiéndose de sus cargos para ofrecer gestiones falsas dentro del marco estatal. Camila Herrera, una de las damnificadas, aseguró en una asamblea vecinal realizada en el anfiteatro de El Cadillal: “No somos usurpadores, somos compradores de buena fe. El mismo Gobierno nos dio la posibilidad de acomodar las cosas”.
Existen sospechas de que estos hechos no se limitan al accionar individual de los imputados, sino que podrían haber contado con respaldo o encubrimiento por parte de autoridades de mayor jerarquía. En El Mollar, el comisionado rural Jorge Cruz está bajo investigación por haber respaldado el loteo ilegal y, años después, haber gestionado la provisión de agua potable en esas tierras, una condición legalmente indispensable antes de cualquier comercialización.
En cuanto a El Cadillal, el actual comisionado Dante Delgado fue mencionado en el expediente por haber participado de encuentros durante la campaña electoral, en los que Trujillo ofrecía las constancias fraudulentas. Aunque aún no se ha definido su situación jurídica, estas reuniones coincidieron en el tiempo con el inicio de un proceso de licitación pública para tierras fiscales, lo que agrava la sospecha.
Cabe recordar que en abril de 2023 se había puesto en marcha un programa oficial de regularización dominial. El mismo establecía que aquellos ocupantes de terrenos de hasta 3.000 metros cuadrados debían someterse a un proceso ante el Ente de Turismo para eventualmente adquirir legalmente los lotes. Sin embargo, de unas 3.000 viviendas construidas de manera irregular, solo unas 400 personas se presentaron a dicho procedimiento.
Quienes no participaron, ahora denuncian haber sido engañados por agentes estatales que les ofrecieron un camino alternativo y más rápido, aunque fuera a cambio de dinero. Muchos de ellos temen perder sus viviendas si no se aprueba una nueva normativa que restablezca el proceso de regularización.
La Fiscalía de Estado, que también promueve estas investigaciones, continúa revisando más de 20.000 expedientes en busca de nuevas anomalías. En enero de este año, el gobernador Osvaldo Jaldo resolvió la disolución de la dependencia implicada mediante un decreto, y transfirió las tareas de control a la Dirección de Catastro.
El caso del “Loteo Gaucho Castro” y las irregularidades detectadas en El Cadillal podrían ser apenas el principio de una red mucho más amplia de corrupción, que pondría en evidencia una estructura paralela dentro del Estado dedicada a la apropiación y comercialización ilegal de tierras públicas. Mientras tanto, cientos de familias esperan una solución legal a su situación, en medio de una trama que compromete seriamente la transparencia institucional de la provincia.
