La Libertad Avanza, junto con el PRO y la UCR, está en proceso de firmar un dictamen centrado en la prevención mediante un sistema de advertencias y educación financiera. Sin embargo, esta propuesta no aborda una solución concreta para las personas que enfrentan deudas con bancos y proveedores de servicios financieros no bancarios.
Un diputado de la oposición expresó su descontento con el enfoque del oficialismo, afirmando: «Te mandan a estudiar».
En este sentido, no se contempla una intervención económica en el mercado que limite las altas tasas de interés impuestas por bancos y billeteras electrónicas, ni planes de reestructuración de deudas.
En contraste, la propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se enfoca en la resolución de la problemática de más de 6 millones de personas en mora, utilizando mecanismos activos.
El proyecto presentado por la oposición sugiere una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por un periodo similar), que establece límites a la tasa de interés nominal en tarjetas y billeteras, así como a los gastos y comisiones. Además, propone planes de refinanciación de hasta 36 meses adaptados a los montos adeudados.
Entre los aspectos destacados, se plantea la eliminación del 100% de los intereses punitorios, manteniendo únicamente el capital y los intereses compensatorios.
En relación con las diferencias en las tasas aplicadas por las billeteras, se prevé que la Defensa del Consumidor tenga la competencia para exigir la apertura del algoritmo, promoviendo así la transparencia en estas prácticas.
Argentina Federal, representada por Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, presentará un dictamen que es similar al de la oposición.
Este dictamen se basa en la propuesta del ex gobernador de Misiones y actual jefe de bloque de AF, que establece el «Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal».
Este programa permitirá agrupar deudas en una única operación y ofrecer cuotas a un tipo de interés fijo que no supere el 35%.
Los ingresos fijos del beneficiario deberán estar por debajo de 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Adicionalmente, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y las entidades financieras no bancarias apliquen una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1.5 veces la TNA de los plazos fijos a 30 días para personas físicas.
