La Legislatura de Tucumán, bajo la conducción de su titular Miguel Acevedo, aprobó por unanimidad el proyecto de Ficha Limpia, convirtiendo a la provincia en la octava jurisdicción del país en implementar este filtro ético para la función pública.
La norma sancionada fue destacada durante el debate como la más restrictiva y severa a nivel federal, ya que no solo alcanza a los cargos electivos, sino que se extiende a designaciones en los tres poderes del Estado, municipios y comunas para quienes posean condenas confirmadas en segunda instancia. Pese al consenso absoluto, los parlamentarios coincidieron en que este es apenas un «primer paso» o un «atisbo» hacia una reforma política y electoral más profunda que aún permanece en suspenso. El texto definitivo logró amalgamar los aportes de seis iniciativas parlamentarias y el proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo en 2024.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse, como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, fue la encargada de desglosar la complejidad del dictamen. Explicó que la ley establece un «valladar ético y moral alto» para el acceso y permanencia en cargos públicos.
Detalló que el ámbito de aplicación abarca a los tres poderes, incluyendo taxativamente en el Ejecutivo hasta el rango de subdirector, entes autárquicos y la plana mayor de la Policía. En el caso de las comunas, se incorporó a los delegados y, tras un aporte del legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), se incluyó explícitamente a los secretarios habilitados.
Vargas Aignasse precisó que la inhabilitación operará ante condenas por delitos graves como aquellos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, y contra la vida y la libertad. Una de las incorporaciones clave fue la de los deudores alimentarios. Además, resaltó la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, estableciendo cláusulas transitorias para su puesta en marcha: el Poder Judicial tendrá 60 días para remitir la nómina de condenados y el registro deberá estar operativo en un plazo máximo de 120 días desde la promulgación. “La vigencia de la ley va a ser a partir de su promulgación y publicación, pero esto se refiere a la parte operativa solamente de la conformación del registro”, aclaró la parlamentaria.
Carolina Vargas Aignasse.
Ante las inquietudes planteadas durante el debate sobre posibles colisiones normativas, la legisladora aclaró la relación de la ley con los mecanismos constitucionales de remoción. Manifestó explícitamente que “hay una Constitución que cumplir” en lo referido al procedimiento para la exclusión de determinados funcionarios. Explicó que la ley de Ficha Limpia no puede actuar de manera automática sobre aquellos cargos que poseen regímenes de remoción ya establecidos por la Carta Magna. Para ilustrar este punto, utilizó como ejemplo a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
En estos casos, la existencia de una condena con «doble conforme» (segunda instancia) funcionaría como el disparador para activar los procedimientos de juicio político o jury de enjuiciamiento, respetando así las jerarquías y procesos de destitución constitucionales en lugar de aplicar una remoción de hecho por vía legal. Detalló que la ley abarca a los tres poderes del Estado, pero diferencia entre los requisitos de admisión para candidatos y la permanencia de funcionarios que ya están en ejercicio y cuentan con estabilidad constitucional.
El debate contó con una amplia participación. Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) y firmante del dictamen en minoría, calificó la ley como una forma de “saldar una deuda pendiente de la clase política tucumana” y propuso, aunque sin éxito, que el registro fuera gestionado por el Poder Judicial para garantizar mayor imparcialidad. Por su parte, Rodolfo Ocaranza (Compromiso por Tucumán) trazó un paralelismo histórico desde la Revolución Francesa hasta el artículo 16 de la Constitución Nacional, afirmando que “nuestra ley probablemente sea la más abarcativa y la más exhaustiva y la más exigente para el acceso a los cargos públicos”.
José Cano (Radicalismo Federal) y Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) coincidieron en que la norma debe ser complementada con una Ley de Ética Pública y una reforma que incluya la Boleta Única. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y José Macome (Compromiso con la Libertad) destacaron la importancia del «doble conforme» o segunda instancia. Bussi, mencionando haber sido víctima de denuncias falsas, señaló que “primera instancia es muy influenciable… por eso la doble instancia en mi expediente particular tiene una garantía que en la primera instancia no la tendría”.
En tanto, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) parafraseó a Raúl Alfonsín para explicar que el voto por sí solo no basta para sostener a un funcionario en su cargo si se pierde la integridad moral. Citó textualmente: “La legitimidad democrática no viene solamente del voto sino del sentimiento ético que sostiene esa legitimidad. Y cuando alguien roba, cuando alguien comete un delito, pierde sin ninguna duda ese sentido ético que es el que sostiene su cargo”.
Manuel Courel.
Courel centró su discurso en la necesidad imperiosa de contar con un Poder Judicial independiente y eficiente, argumentando que sin una justicia que funcione, la norma aprobada corre el riesgo de ser puramente simbólica. “Podemos tener la mejor ficha limpia. Lo que necesitamos es una justicia que funcione y que haya casos que lleguen a esa ficha limpia, porque la ficha limpia no actúa sobre sospechas, sobre denuncias, ni siquiera sobre primera instancia, sino actúa sobre condenas de doble conforme”.
El parlamentario fue tajante al señalar la carencia de antecedentes condenatorios en la provincia por delitos contra el Estado. Afirmó que “en Tucumán no tenemos condenas de doble conforme. No hay condenas literalmente por casos de en contra de la administración pública y mucho menos en caso de corrupción.
No hay un sistema en Tucumán judicial que investigue a los funcionarios públicos y que llegue a condenas en tiempo y forma”. Courel condicionó el éxito de la reforma política a un cambio profundo en el servicio de justicia, señalando que “el foco tenemos que ponerlo en un poder judicial que sea independiente para que haya causas que lleguen y que se condenen”.
Una nota particular en el recinto fue el discurso de Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán), quien manifestó dudas filosóficas y técnicas sobre lo que denominó una “militancia del optimismo” de sus pares.
El legislador advirtió sobre el peligro de avasallar la presunción de inocencia, citando doctrina de la Corte Suprema nacional. “No demos el mensaje de que este es un gran paso, porque todos los que estamos acá hemos llegado con ficha limpia y hemos cumplido los requisitos que exige nuestro régimen electoral”, sentenció, cuestionando que la ley se presente como una solución mágica ante la falta de una reforma política amplia.
Walter Berarducci.
El cierre del debate estuvo marcado por la firmeza política. Roque Tobías Álvarez, presidente de la bancada oficialista, destacó el orgullo de que Tucumán sea la octava provincia con esta ley y criticó la inacción del Congreso Nacional en la materia. Enumeró que, a diferencia de otras provincias que solo incluyen cargos electivos o delitos específicos, Tucumán ha “pasado las fronteras de los cargos electivos” para incluir a toda la estructura estatal.
Finalmente, Gerónimo Vargas Aignasse cerró la jornada con un discurso enfático sobre la autorregulación de la política. Sostuvo que Ficha Limpia es consecuencia de decisiones judiciales y no un «capricho» legislativo. Además, realizó duras críticas al macrismo y a su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), señalando una contradicción entre su discurso y sus acciones legislativas. Vargas Aignasse recordó que el partido de Mauricio Macri basó su campaña electoral de 2015 hablando de la “transparencia y la justicia independiente”, así como de la “ética pública”.
El legislador subrayó que, a pesar de que el macrismo gobierna CABA desde hace 19 años, dicha jurisdicción “no tiene ficha limpia”. Reprochó que, pese a no contar con esta norma, ese espacio político dio durante años “lecciones de ética” y calificó peyorativamente a las provincias del norte como “feudales”, alegando falta de calidad institucional o división de poderes.
El parlamentario destacó que, mientras en CABA la Ficha Limpia es inexistente, Tucumán logró sancionar la ley “más importante del país”, demostrando que la calidad institucional no es algo meramente “declamativo”, sino que se traduce en leyes concretas.
“Estamos fijando un límite; muchísimos tucumanos pensaban que no íbamos a ser capaces de autorregularnos, de fijar un valladar ético y moral alto, el más alto de la Argentina”, concluyó, celebrando que la norma sea una realidad para siempre en la provincia.
