El núcleo de la controversia
La iniciativa propone modificar el Código Penal para que las denuncias falsas dejen de ser sancionadas con multas simbólicas o penas leves, pasando a castigos de entre 3 y 6 años de prisión. Según Losada, el objetivo es evitar que se «bastardeen» las causas reales y que los recursos del Estado se malgasten en procesos fabricados.
Sin embargo, desde el peronismo argumentan que esta medida generaría un «efecto inhibitorio».
La senadora María Florencia López (UP) sostuvo que muchas víctimas podrían abstenerse de denunciar por temor a terminar presas si no logran reunir pruebas suficientes frente a la justicia. «Es un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres», señalaron desde el bloque.
Penas para profesionales y testigos
El proyecto no solo apunta a los denunciantes, sino que endurece las sanciones para el entorno técnico:
Abogados y psicólogos: Podrían enfrentar hasta 9 años de prisión si se demuestra que colaboraron en la fabricación de testimonios o pruebas falsas.
Falso testimonio: Se establecen agravantes para peritos y testigos que mientan en procesos que involucren a menores o delitos contra la integridad sexual.
El camino al recinto
Pese a la resistencia de UP, el proyecto logró el dictamen favorable gracias al respaldo de los senadores de La Libertad Avanza (LLA) y del oficialismo, quienes consideran que la ley actual es insuficiente para frenar las denuncias por despecho o estrategias de divorcio.
Con el dictamen de mayoría firmado, la iniciativa quedó habilitada para ser tratada en el recinto en las próximas sesiones, donde se espera un debate marcado por la polarización entre el garantismo de género y la defensa del debido proceso.
