El Municipio de San Miguel de Tucumán resolvió cerrar de manera preventiva el natatorio perteneciente al Instituto Nacional de Deportes (IND), ubicado sobre calle Congreso al 600, en el barrio Sur de la capital. La decisión se tomó luego de constatar que el establecimiento no contaba con la habilitación municipal correspondiente, un requisito indispensable para el funcionamiento de piletas abiertas al público. El lugar es el mismo donde, en noviembre de 2025, falleció por ahogamiento Gabriel Sebastián Palavecino, un joven de 32 años con retraso madurativo.
La clausura se concretó casi dos meses después del trágico episodio y en un contexto en el que la causa judicial por la muerte del joven continúa en pleno proceso de investigación. A pesar de estar bajo la lupa de la Justicia, el natatorio seguía operando sin autorización formal, lo que derivó en la intervención del área de control municipal.
Según consta en el expediente judicial, Palavecino perdió la vida por asfixia por inmersión tras permanecer sumergido durante aproximadamente cinco minutos sin recibir ningún tipo de auxilio. Testigos del hecho señalaron que los docentes a cargo de la actividad no advirtieron la situación a tiempo, circunstancia que impulsó a la familia a radicar una denuncia penal para que se investiguen posibles responsabilidades.
La investigación determinó que el joven fue retirado del agua cuando ya no presentaba signos vitales. La autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue el ahogamiento. Además, como parte de las pruebas incorporadas, se analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa que durante el tiempo crítico no hubo intervención del personal ni presencia de un guardavidas en el sector de la pileta donde se encontraba Gabriel.
Desde el entorno familiar indicaron que el joven había comenzado a asistir a clases de natación por recomendación médica y que, incluso, habían contratado un acompañante terapéutico para asistirlo. No obstante, denunciaron que el natatorio no exigió estudios médicos previos ni realizó una evaluación sobre su estado físico o su capacidad para desenvolverse en el agua, pese a que no sabía nadar con seguridad.
El abogado de la familia, Marco Rossi, remarcó que existieron serias irregularidades en el funcionamiento del lugar y calificó el hecho como un caso de abandono de persona. “La muerte de Gabriel era evitable. No se aplicaron controles, no hubo asistencia inmediata y se incumplieron los protocolos básicos de seguridad”, sostuvo el letrado.
La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Homicidios I. Hasta el momento no se registran imputaciones formales, aunque la familia adelantó que también avanzará con acciones civiles contra los responsables del establecimiento por los daños ocasionados.
Cabe recordar que los natatorios que funcionan en San Miguel de Tucumán deben ajustarse a lo establecido en la Resolución 508/SPS/2020, normativa que exige habilitación municipal vigente, personal capacitado —incluida la presencia obligatoria de guardavidas—, controles médicos, análisis periódicos del agua, infraestructura adecuada y planes de higiene y seguridad. En este caso, la clausura fue dispuesta específicamente por la falta de habilitación municipal, condición indispensable para cualquier establecimiento comercial que opere en la ciudad.
