El Juzgado Federal N°1 de Tucumán resolvió que Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, preste declaración indagatoria por un anticipo de $ 5,6 millones (U$S 418.000 de aquel momento) que recibió en 2015 de parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de constatar el resultado negativo de todas las medidas dirigidas a obtener el domicilio real de la imputada, el juez Daniel Bejas ordenó a las fuerzas policiales que la busquen y la lleven al Juzgado para que sea indagada.
El magistrado también resolvió que Trimarco no salga del país hasta que cumpla la disposición anterior.
La averiguación del paradero había sido solicitada por el fiscal federal general, Gustavo Gómez. El lunes, Bejas había rechazado aquella alternativa y optado por intimar a Betina Laguna, que se había presentado como abogada de la Fundación, a que en el plazo de 24 horas proporcione los datos de ubicación de Trimarco en Córdoba. Además, el juez había remitido oficios a la Justicia electoral para que le informen el último domicilio registrado de la mamá de María de los Ángeles Verón. Ninguna de esas diligencias dio resultados positivos. Ayer Bejas tomó la decisión de traer a Trimarco con auxilio de la fuerza pública.
La declaración indagatoria, que inicialmente había sido programada para la semana pasada, podría tener lugar en cualquier momento. Ello no significa que Trimarco esté obligada a declarar puesto que goza del derecho a guardar silencio sin que ello vaya en desmedro de la presunción de inocencia.
La administración de Mauricio Macri inició este proceso para esclarecer el destino del anticipo que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entonces a cargo de Julio De Vido entregó a Trimarco. En un acuerdo firmado en noviembre de 2015, días antes del balotaje de aquel año, el Gobierno kirchnerista se comprometió a transferir $ 22,5 millones (U$S 1,7 millón según la cotización de la época) a la ONG antitrata para que esta hiciera obras en la propiedad del ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán y remodelara un jardín de infantes. En su dictamen de junio, el fiscal Brito dijo que José López, entonces secretario de De Vido -ambos están presos por causas de corrupción-, ratificó el convenio y que el Ministerio remitió a la Fundación el anticipo del 25% el 4 de diciembre de 2015, días antes de que asumiera Macri. Según Brito, la ONG no hizo las obras ni reintegró el dinero.
