Son obras que fueron adjudicadas a empresas que estaban vinculadas a funcionarios que trabajaban en el área. La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal. Reubicaron como funcionarios en los gobiernos provinciales de Tucumán y Mendoza.
La Oficina Anticorrupción denunció irregularidades en licitaciones por más de $1.500 millones del Ministerio de Agroindustria, realizadas bajo la gestión kirchnerista, algunas de las cuales tuvieron actualizaciones millonarias durante el gobierno actual. El organismo que dirige Laura Alonso puso el foco en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que adjudicó numerosas obras de riego a las empresas CEOSA e Hydrotec, ligadas con funcionarios que trabajaban en ese Programa y que, ante el cambio de gestión, se reubicaron como funcionarios en los gobiernos provinciales de Tucumán y Mendoza.
En esos años hubo tres ministros de Agricultura K: Julián Domínguez, Norberto Yapur y Carlos Casamiquela. ?Según las fechas de la denuncia las maniobras habrían arrancado en la gestión de de Domínguez.
Además, la OA denunció gastos irregulares en el Fondo Especial del Tabaco, que entregó 132 freezers a productores tabacaleros del Chaco, la mayoría de los cuales no los podían usar porque no tenían electricidad. Y que una ONG chaqueña administraba el dinero del Fondo del Tabaco en esa provincia y «le descontaba el 4% de los fondos a los productores con el argumento de ’agilizar’ los trámites».
El organismo que dirige Laura Alonso destacó la colaboración del Ministerio de Agroindustria con el Fondo del Tabaco, ya que la información surgió de una auditoría interna realizada por el propio ministerio; mientras que en el caso del PROSAP, la Oficina Anticorrupción decidió «cerrar la investigación», ante la fuga de información por parte de empleados y/o funcionarios de la actual gestión.
La OA pidió que en ambos casos haya una investigación judicial, ya que se habrían cometido delitos de «negociación incompatible con la función pública», «administración infiel agravada por haber sido cometida contra la administración pública nacional» y «no habría que descartar la existencia de sobreprecios y sobornos».
En el Ministerio de Agroindustria intentaron deslindar responsabilidades y sostuvieron que esos hechos ocurrieron durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando había otros funcionarios en el PROSAP y en la Coordinación de Tabaco de ese ministerio.
En el caso de CEOSA, por ejemplo, una licitación se adjudicó en 2012, para una obra en Catamarca, por $26 millones. Sin embargo, otra de las maniobras fue en agosto de 2016, cuando «se actualizó» en $82 millones el monto a pagarle a la principal empresa denunciada, CEOSA, «sin que hasta el momento se haya tenido conocimiento del inicio de las obras», sostuvo la Oficina Anticorrupción.
